Navegue el proceso de apelación con la ayuda de expertos.

El despacho legal de Perez-Selsky Druckenmiller se enorgullece de ofrecer representación eficaz a apelantes y demandados ante los tribunales superiores de Oregon.

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Abogado de Apelaciones en Oregon

El despacho legal de Perez-Selsky Druckenmiller: Abogados al servicio de clientes en Oregon

Las apelaciones se encuentran entre las áreas más intelectualmente exigentes de la práctica jurídica. Dado que los tribunales de apelación revisan las decisiones de los tribunales de primera instancia en busca de errores legales, los resultados en esta materia dependen en gran medida del conocimiento del abogado sobre los estatutos, la jurisprudencia y las normas procesales aplicables a los recursos de apelación.

Sin dicho conocimiento, y sin la habilidad de redactar un argumento jurídico claro y persuasivo, incluso una apelación con mérito puede fracasar, dejando al apelante a merced de la condena del tribunal de primera instancia.

Una apelación exitosa exige la pericia de un abogado experimentado y disciplinado. Aron Perez-Selsky ha ejercido ampliamente ante los tribunales de apelación de Oregon, obteniendo para beneficio de sus clientes diversas condenas que han revocado decisiones de tribunales inferiores. Llame hoy mismo para determinar si una apelación puede beneficiar su caso.

Aron Perez-Selsky - Attorney in Oregon

Aron Perez-Selsky
Abogado

Servicios en materia administrativa y de apelación

Nos especializamos en la representación en las siguientes situaciones relacionadas con apelaciones y derecho administrativo:

  • Apelaciones de condenas civiles de los tribunales de circuito, incluidas las de relaciones de familia.
  • Apelaciones de condenas penales de los tribunales de circuito.
  • Apelaciones de condenas de menores dictadas por los tribunales de circuito.
  • Apelaciones de resoluciones finales de organismos administrativos en “casos disputados” conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos de Oregon (Oregon Administrative Procedures Act).
  • Apelaciones de condenas de los tribunales de circuito que confirman resoluciones finales de organismos administrativos en “casos distintos de los disputados” bajo la misma ley.
  • Impugnaciones de normas administrativas.
  • Impugnaciones de resoluciones declaratorias emitidas por organismos administrativos.

Estamos listos para ayudarle.

Si está considerando presentar una apelación, quizá ya sienta que no tiene opciones. Llame hoy mismo a los expertos del despacho de PSD para conocer lo que podemos hacer por usted y ayudarle a recuperar el rumbo.

Comprensión de las apelaciones en Oregon

El derecho de apelaciones constituye un campo jurídico distinto, con sus propias normas, procedimientos y plazos. Esto es lo que debe saber:

Su abogado de apelaciones debe ser un especialista

El éxito en los tribunales de primera instancia y en los tribunales de apelación requiere habilidades diferentes. Incluso los abogados litigantes más capacitados pueden enfrentar dificultades en una apelación si carecen de experiencia en esta área.

Las apelaciones tienen plazos estrictos para su interposición — a menudo menos de 30 días desde la decisión

Aunque existen algunas excepciones en los casos penales y de menores, los plazos fijados por los tribunales son generalmente muy rigurosos y rara vez se conceden excepciones.

Una apelación no constituye una nueva audiencia

El apelante no puede presentar nuevas pruebas en apoyo de su argumento durante la apelación. Los tribunales de apelación revisan la decisión del tribunal de primera instancia únicamente para determinar si existió algún error legal.

Su apelación podría dar lugar a un nuevo juicio

Si bien los tribunales de apelación generalmente confirman o anulan la decisión del tribunal de primera instancia, en ocasiones ordenan la “devolución” (remand) del caso para que el tribunal inferior adopte nuevas medidas.

Preguntas frecuentes sobre el derecho de apelaciones

A continuación, exponemos detalles adicionales sobre el derecho de apelaciones, así como respuestas a muchas de las preguntas que recibimos a diario. La presente información no constituye asesoría legal ni tiene la intención de crear una relación abogado–cliente.

¿Cómo puede un abogado de apelaciones ayudar en mi caso?

Un abogado especializado en apelaciones puede:

  • Identificar y fundamentar errores legales cometidos por el tribunal de primera instancia.
  • Redactar y presentar argumentos jurídicos sólidos en conformidad con las normas procesales aplicables.
  • Defender su posición de manera eficaz en los tribunales de apelación.
  • Aumentar significativamente las probabilidades de éxito en la impugnación de una condena adversa.

El derecho de apelaciones es una especialidad dedicada a la representación de litigantes ante los tribunales estatales y federales de revisión (“tribunales de apelación”).

Los tribunales de primera instancia resuelven los casos con base en la ley, los argumentos y las pruebas presentadas por los abogados litigantes. Cuando una de las partes no está conforme con la decisión del tribunal de primera instancia, puede apelar dicha decisión ante un tribunal de apelación.

El derecho de apelaciones constituye un campo de práctica distinto, con sus propias normas, procedimientos y plazos. Incluso los abogados litigantes más capacitados pueden enfrentar dificultades en una apelación si carecen de experiencia en esta área. Además, un abogado de primera instancia puede estar éticamente impedido de llevar la apelación en aquellos casos en que se cuestione la calidad de su propio trabajo en el juicio.

Dado que el plazo para interponer una apelación es sumamente breve, si usted no está conforme con una decisión, es esencial que se comunique con un abogado especializado en apelaciones lo antes posible para analizar sus opciones.

Una apelación se inicia mediante la presentación de un “aviso de apelación” (notice of appeal).

En la mayoría de los casos, el aviso de apelación debe presentarse ante el tribunal y notificarse a la parte contraria a más tardar dentro de los 30 días posteriores a la inscripción en el registro del tribunal de la condena que se pretende impugnar.

No obstante, en los casos penales o de menores, una apelación puede presentarse hasta 90 días después de la inscripción de la condena, siempre que el apelante pueda demostrar que:

  1. La falta de presentación oportuna del aviso de apelación no fue atribuible personalmente al apelante; y
  2. El apelante demuestra una reclamación plausible (colorable claim) de error en el procedimiento del cual se apela.


El plazo para presentar y notificar un aviso de apelación comienza a contarse desde la fecha en que la condena es inscrita en el registro del tribunal (es decir, desde la fecha en que la resolución queda oficialmente asentada en dicho registro).

Los plazos judiciales son extremadamente estrictos, y las excepciones a dichos plazos rara vez se conceden. Si usted desea interponer una apelación, es esencial que hable con un abogado de apelaciones lo antes posible para conservar su derecho a apelar.

Una apelación no implica una nueva audiencia para el apelante, ni permite que éste presente nuevas pruebas en apoyo de su argumento. Más bien, los tribunales de apelación revisan la decisión del tribunal de primera instancia en busca de un error legal. En otras palabras, los tribunales de apelación examinan la decisión del tribunal inferior y determinan si éste cometió un error jurídico al llegar a esa decisión.

Para que el tribunal de apelación pueda revisar un asunto, generalmente debe haber sido “conservado” en el tribunal de primera instancia. A menos que el tribunal determine que se cometió un “error evidente” (plain error), el apelante debe haber planteado primero la cuestión en el tribunal inferior. De lo contrario, el asunto se considera “no conservado” y queda fuera del alcance de la revisión en apelación.

Las reglas de conservación son estrictas, y aun un argumento con mérito puede ser ignorado por el tribunal de apelación si el abogado del juicio no lo conservó adecuadamente. Por esta razón, un abogado litigante puede servir mejor a su cliente consultando con un abogado de apelaciones para garantizar que los asuntos sólidos queden conservados para revisión.

Al revisar las decisiones de los tribunales de primera instancia, los tribunales de apelación se basan en los estatutos, la jurisprudencia, los principios de interpretación (maxims of construction) y el expediente creado en el tribunal inferior, para determinar si la ley fue aplicada correctamente a un conjunto específico de hechos.

Después de aplicar estas herramientas, un tribunal de apelación emitirá una decisión. El tribunal de apelación puede decidir ratificar (“affirm”) o anular/ hacer a un lado (“reverse” o “vacate”) la decisión del tribunal de primera instancia. A veces los tribunales de apelación remiten el caso al tribunal de origen (remand), es decir, lo envían de regreso para que se adopten medidas adicionales. El tribunal de apelación puede instruir al tribunal inferior a realizar un nuevo juicio, imponer una condena distinta o desestimar el caso en su totalidad.

En las apelaciones de decisiones administrativas, el resultado puede ser una orden que obligue a la agencia a realizar una nueva audiencia o a emitir una nueva resolución.

Todas las apelaciones comienzan con la presentación de un aviso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones una vez que se ha dictado la condena en el tribunal de circuito (o una vez agotadas las apelaciones administrativas de una decisión de agencia). El aviso de apelación debe notificarse a la parte contraria en el momento de su presentación.

Una vez presentado y notificado el aviso, se prepara la transcripción del procedimiento del cual se interpone la apelación. La preparación de la transcripción puede tardar varias semanas o meses, dependiendo de su extensión.

Cuando la transcripción está lista, se distribuye a las partes, y se fija una fecha para que el apelante presente su escrito inicial ante el tribunal y lo notifique a la parte contraria. Dependiendo de la índole de la apelación, este plazo puede prorrogarse por causa justificada.

Después de que se presenta el escrito inicial, a la parte contraria (el “apelado” o “respondent”) se le concede un plazo para presentar y notificar su escrito de respuesta. El tribunal también fija una fecha de audiencia en la que cualquiera de las partes puede solicitar alegatos orales.

Tras los alegatos orales, el tribunal toma el caso en deliberación y eventualmente emite una decisión. A veces esta decisión se plasma en una opinión escrita que explica el razonamiento del tribunal y ordena al tribunal de primera instancia adoptar ciertas medidas para ejecutar la decisión. En otras ocasiones, la resolución consiste en un “AWOP” (ratificación sin opinión/ affirmed without opinion), que significa que se confirma la decisión del tribunal inferior sin explicación.

Cualquiera de las partes de una apelación puede solicitar la revisión de la decisión ante la Corte Suprema de Oregón mediante una petición de revisión, la cual debe presentarse dentro de los 35 días siguientes a la emisión de la decisión. Estas peticiones rara vez se conceden. En el improbable caso de que se otorgue la revisión, las partes repiten la secuencia descrita anteriormente.

Decisiones de la Corte Suprema de Oregon:

Las decisiones de la Corte Suprema de Oregon, incluidas las denegaciones de peticiones de revisión, solo pueden ser revisadas por la Corte Suprema de los Estados Unidos. La Corte Suprema federal únicamente revisará decisiones de una corte suprema estatal en el caso —sumamente improbable— de que conceda un orden de certiorari de la Corte Suprema (writ of certiorari) para conocer la apelación.

Las apelaciones suelen tardar años en resolverse. En la mayoría de los casos, una condena o decisión administrativa será ejecutable contra la parte perdedora mientras dure la apelación.

La ejecución de una condena o de una decisión administrativa puede tener consecuencias inmediatas y graves, ocasionando daños irreversibles a la parte perdedora. En esos casos, y cuando el apelante presenta una “reclamación plausible de error” (colorable claim of error), el apelante puede solicitar al tribunal de primera instancia o a la agencia una “suspensión” (stay) de la ejecución de la decisión mientras se resuelve la apelación.

La denegación de una suspensión, en la mayoría de los casos, es revisable por el Tribunal de Apelaciones.

En la mayoría de los casos, la simple presentación de un aviso de apelación no suspende automáticamente la ejecución de una condena de primera instancia. Si la ejecución de una condena adversa amenaza con causar un daño inmediato, es indispensable hablar con un abogado de apelaciones lo antes posible para analizar sus opciones.

Para comprender el derecho administrativo es necesario dar un paso atrás y recordar la estructura básica de los gobiernos estatales y federal en los Estados Unidos.

Los gobiernos federales y estatales están divididos en tres poderes:

  • el poder legislativo (el Congreso), que aprueba las leyes;
  • el poder judicial (los tribunales), que interpreta las leyes; y
  • el poder ejecutivo (el presidente y los gobernadores estatales), que ejecuta las leyes aprobadas por el legislativo.

Para llevar a cabo las leyes aprobadas por el legislativo, los poderes ejecutivo y legislativo crean “agencias”. Las agencias están dirigidas por personas que usualmente (aunque no siempre) son designadas por el jefe del poder ejecutivo y cuentan con empleados especializados en la materia legal y los procedimientos relacionados con la función de la agencia.

Función de las agencias y el debido proceso

Para garantizar que las agencias cumplan de manera efectiva y legal con su propósito, cada agencia cuenta con sus propias normas internas que regulan cómo deben desempeñar su trabajo los empleados.

Para proteger los derechos constitucionales de debido proceso de las personas y entidades afectadas por las acciones de una agencia, la mayoría de las agencias ejercen su poder mediante un proceso cuasi judicial.

Dependiendo de la agencia y del interés en juego, la agencia puede utilizar audiencias de casos impugnados (contested-case hearings) conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos de Oregon (Oregon Administrative Procedures Act), o, si la agencia está exenta de esa ley, recurrir a un procedimiento alternativo.

El derecho administrativo es el área del derecho que regula los derechos de las personas y entidades en relación con las agencias estatales. Para ejercer eficazmente en esta área se requiere conocimiento de la Constitución estatal y federal, de las Reglas Administrativas de Oregon (Oregon Administrative Rules), de la Ley de Procedimientos Administrativos de Oregon y de las Opiniones del fiscal general de Oregon.

Contáctenos si ha recibido una citatorio judicial (subpoena) o un aviso de intención de adoptar una medida adversa en su contra por parte de una agencia estatal.

Las agencias son responsables de expedir licencias y permisos, restringiendo quién puede participar en una actividad comercial, un oficio, una ocupación o una profesión. Las condiciones para mantener una licencia o permiso generalmente están vinculadas a un objetivo de política pública.

Por ejemplo, el Departamento de Normas y Capacitación en Seguridad Pública de Oregon (Oregon Department of Public Safety Standards and Training Agencies, DPSST) es responsable de capacitar y certificar a los miembros de las fuerzas del orden público. Para cumplir con el objetivo de política pública de mantener una fuerza policial ética y confiable, el DPSST no certificará a ninguna persona con una condena por delito mayor (felony conviction) para trabajar como miembro de las fuerzas del orden público.

Además de expedir licencias y permisos, las agencias pueden suspender, revocar o sancionar a los titulares de licencias o permisos. También pueden emitir órdenes de cese y desistimiento (cease-and-desist orders) e imponer sanciones civiles (es decir, monetarias) cuando determinan que la persona o entidad ha quebrantado una norma administrativa. Algunas agencias incluso tienen facultad legal expresa para emitir citaciones que inician procedimientos penales.

Las agencias ejercen un poder significativo sobre las personas y entidades privadas a través de su autoridad de licencias. La pérdida o suspensión de una licencia o permiso mediante una acción administrativa puede ocasionar la pérdida del empleo y otras consecuencias graves.

Dado a lo que está en juego, debe ponerse en contacto de inmediato con un abogado con experiencia si recibe una citación o un aviso de acción adversa por parte de una agencia estatal.

La mayoría de las agencias cuentan con su propio personal interno de investigación.

Por ejemplo, la Oficina de Capacitación, Investigaciones y Seguridad del Departamento de Servicios Humanos de Oregon (Oregon Department of Human Services’ Office of Training, Investigations and Safety – OTIS) es responsable de coordinar y llevar a cabo investigaciones de abuso y de proporcionar servicios de protección en todo el estado ante reportes de negligencia y abuso de adultos vulnerables.

Si OTIS realiza una investigación y determina que un empleado abusó o descuidó a un adulto vulnerable bajo su responsabilidad, ese hallazgo de abuso o negligencia puede resultar en la revocación de la certificación de esa persona como trabajador de la salud.

Reunirse con un abogado con experiencia antes de que concluya una investigación formal le da una mejor oportunidad de evitar un resultado adverso.

Debe contactar a un abogado de inmediato al recibir cualquier notificación de una agencia estatal que anuncie la intención de tomar alguna medida adversa en su contra.

A veces, la misma notificación describe acciones sencillas que usted puede tomar para prevenir o revertir la medida adversa.

Por ejemplo, si la División de Servicios de Conductores y Vehículos Motorizados de Oregon (DMV) envía una notificación de suspensión por multas de tránsito no pagadas, la carta generalmente explica por qué se está suspendiendo la licencia de la persona y qué pasos puede tomar para evitar la suspensión o reintegrar su licencia.

Salvo que la notificación impugne la base de la suspensión, generalmente es un mejor uso del tiempo y del dinero seguir las instrucciones de la carta en lugar de contratar a un abogado.

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, los actos de una agencia pueden dar lugar a privaciones mucho más graves que la suspensión de una licencia de conducir. En tales casos, es recomendable consultar rápidamente con un abogado con experiencia en derecho administrativo antes de comunicarse con la agencia.

La Ley de Procedimientos Administrativos de Oregon (Oregon Administrative Procedures Act – Oregon APA) divide los casos en “casos impugnados” (contested cases) y “casos distintos de los impugnados” (other than contested cases).

El camino que siga su caso dependerá de varios factores, pero el más importante es si se trata de un caso impugnado o de un caso distinto de los impugnados.

Un caso impugnado es aquel que cumple uno o más de los siguientes criterios conforme a la Oregon APA:

  1. El caso es uno en el que los derechos legales, deberes o privilegios individuales de partes específicas deben ser determinados, por mandato de ley o de la Constitución, únicamente después de una audiencia de agencia en la cual dichas partes tienen derecho a comparecer y ser escuchadas.
  2. El caso es uno en el que la agencia tiene discreción para suspender o revocar un derecho o privilegio de una persona.
  3. El caso es uno en el que está en juego la suspensión, revocación o negativa de la agencia de renovar o expedir una licencia.
  4. El caso es uno en el que la agencia, mediante regla u orden, dispone audiencias que son sustancialmente de la naturaleza exigida por ORS 183.415.


Además, la cláusula de debido proceso de la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos puede requerir una audiencia de caso impugnado en asuntos que no encajen en las categorías descritas anteriormente.

En el caso Mathews v. Eldridge, 424 US 319, 335, 96 S Ct 893, 47 L Ed2d 18 (1976), la Corte Suprema sostuvo que los derechos de un caso impugnado deben reconocerse en función de la evaluación de los siguientes factores:

En el caso Mathews v. Eldridge, 424 U.S. 319 (1976), la Corte Suprema de los Estados Unidos sostuvo que el derecho a un caso impugnado (contested case) debe evaluarse considerando los siguientes factores:

  1. El interés privado que se verá afectado por la acción oficial.
  2. El riesgo de una privación errónea de ese interés bajo los procedimientos utilizados, y el valor probable —si lo hubiera— de salvaguardias procesales adicionales o sustitutivas.
  3. El interés del Gobierno, incluyendo la función en cuestión y las cargas fiscales y administrativas que conllevaría la exigencia de un requisito procesal adicional o sustitutivo.


Procedimientos en casos impugnados (contested cases)

Si una orden surge de un caso impugnado, la agencia debe cumplir con los procedimientos legales prescritos antes de tomar acción contra una persona o entidad. En términos generales, los procedimientos de un “caso impugnado” están diseñados para brindar mayores protecciones a los sujetos de la acción administrativa que aquellos en “casos distintos de los impugnados” (other than contested cases).

Los sujetos de la acción administrativa en casos impugnados tienen derecho a recibir de la agencia una notificación de sus derechos y recursos respecto a la acción contemplada.

La notificación de la agencia debe incluir:

  1. Una declaración del derecho a una audiencia, con una descripción del procedimiento y plazo para solicitarla, o bien la indicación del tiempo y lugar de la audiencia.
  2. Una declaración de la autoridad y jurisdicción bajo las cuales se celebrará la audiencia.
  3. Una referencia a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
  4. Una exposición concisa y clara de los hechos afirmados o cargos imputados.
  5. Una declaración indicando las circunstancias bajo las cuales podría dictarse una orden por incumplimiento (default order).


La notificación debe ser entregada personalmente o enviada por correo certificado o registrado.

Derecho a audiencia en casos impugnados

Las personas o entidades con derecho a los procedimientos de un caso impugnado deben recibir una audiencia antes de la revocación o suspensión de su licencia u otro privilegio.

La audiencia se celebra ante un juez de derecho administrativo (administrative law judge) de la Oficina de Audiencias Administrativas de Oregon (Oregon Office of Administrative Hearings).

En la audiencia, el sujeto de la acción administrativa tiene derecho a estar representado por un abogado.

  • El juez puede recibir toda prueba del tipo en que normalmente confiaría una persona razonablemente prudente en la conducción de sus asuntos importantes.
  • Las reglas de evidencia estrictas no aplican.
  • Deben excluirse las pruebas irrelevantes, inmateriales o excesivamente repetitivas.
  • Se puede aceptar la prueba de oídas (hearsay) salvo que se demuestre que es poco confiable.

La prueba que respalde las órdenes de la agencia debe ser fiable, probatoria y “sustancial”.

Existe “prueba sustancial” cuando el expediente, considerado en su totalidad, permitiría a una persona razonable llegar a una determinada conclusión.

En general, la carga de la prueba recae en la agencia, pero en algunas situaciones puede recaer en el sujeto de la acción administrativa.
Por ejemplo, cuando una agencia ha denegado la solicitud de licencia de una persona, corresponde a esa persona demostrar que reúne los requisitos para la licencia denegada.

Al concluir la audiencia, un juez de derecho administrativo (administrative law judge) de la Oficina de Audiencias Administrativas de Oregon emitirá una decisión aprobando o denegando la acción contemplada por la agencia.
Esta orden puede ser apelada directamente ante el Tribunal de Apelaciones de Oregon mediante la presentación de un aviso de apelación dentro de los 30 días a partir de la fecha de la orden.

Un “caso distinto de los impugnados” es, sencillamente, un caso que no reúne los requisitos de un caso impugnado (contested case).

Si una orden surge de un caso de esta naturaleza, la Ley de Procedimientos Administrativos de Oregon (Oregon APA) prácticamente no impone procedimientos obligatorios que la agencia deba seguir al tomar una decisión (aunque sí establece los medios por los cuales dichas órdenes deben ser apeladas).

En los casos distintos de los impugnados:

  • Las agencias no están obligadas a brindar una audiencia antes de tomar acción contra una persona o entidad.
  • Las apelaciones se presentan ante el tribunal de circuito (ya sea el Tribunal de Circuito del Condado de Marion o el tribunal de circuito del condado del apelante), no ante el Tribunal de Apelaciones.
  • Deben interponerse dentro de los 60 días de la orden final (aunque algunas leyes establecen plazos más cortos para las peticiones de revisión judicial de decisiones administrativas, por lo que debe prestarse especial atención al plazo indicado en la orden final).

Alcance de la revisión judicial en casos distintos de los impugnados

Conforme al ORS 183.484(5), el alcance de la revisión que realiza el tribunal de circuito sobre órdenes administrativas en casos distintos de los impugnados es muy limitado. Generalmente, la revisión del tribunal se limita a verificar que la agencia:

  1. Haya seguido el procedimiento prescrito (incluidas sus propias reglas).
  2. Haya interpretado correctamente las leyes aplicables.
  3. Haya ejercido su discreción dentro del rango autorizado por la legislatura.
  4. Haya actuado conforme a sus políticas y prácticas.
  5. Haya actuado con base en prueba sustancial en el expediente.
  6. No haya basado su decisión en criterios inconstitucionales.


Dado que a menudo existe poco o ningún expediente en la orden apelada, el tribunal de circuito puede crear un expediente durante el proceso judicial, lo que significa que la agencia y el sujeto de la acción administrativa pueden presentar testigos, ofrecer pruebas documentales, etc.

El tribunal puede considerar el expediente completo, es decir, tanto la evidencia disponible para la agencia antes de dictar la orden final como la presentada durante la audiencia en el tribunal de circuito.

Estándar de “prueba sustancial” (substantial evidence)

Si el sujeto de la acción administrativa impugna la orden de la agencia alegando falta de “prueba sustancial”, es importante entender que el tribunal no puede volver a valorar ni evaluar la credibilidad de la prueba presentada ante la agencia.

En la revisión por prueba sustancial:

  • La decisión de la agencia se presume correcta como cuestión de derecho.
  • El sujeto de la acción administrativa tiene la carga de la prueba.
  • Para tener éxito, debe demostrar que la agencia actuó sin prueba sustancial, abusó de su discreción o actuó en contra de la ley.

En la revisión, el tribunal de circuito solo puede evaluar la prueba a favor y en contra de la orden y determinar si existe prueba sustancial que respalde las conclusiones de la agencia.
El tribunal no puede sustituir su propio criterio por el de la agencia; únicamente puede determinar si una persona razonable podría llegar a la misma conclusión que la agencia basándose en el expediente y en los hallazgos de hecho.

Resultados posibles de la revisión

Si el tribunal determina que la decisión de la agencia no estuvo respaldada por prueba sustancial, debe anular o devolver la orden a la agencia para su reconsideración.

El tribunal también debe hacerlo si concluye que:

  • La agencia interpretó erróneamente una disposición legal y la interpretación correcta obliga a una acción específica; o
  • El ejercicio de discreción de la agencia estuvo fuera de la autoridad delegada por la legislatura, fue inconsistente con una regla, posición o práctica de la propia agencia sin explicación, o bien quebrantó una disposición constitucional o legal.

Apelaciones de casos “distintos de los impugnados”

Las condenas del tribunal de circuito en casos “distintos de los impugnados” (other than contested cases) pueden apelarse ante el Tribunal de Apelaciones de Oregon mediante la presentación de un aviso de apelación dentro de los 30 días siguientes a la inscripción de la condena final.

La responsabilidad del estado de reembolsar los gastos en que incurra una persona o entidad afectada por la acción de una agencia depende de la etapa en que se resuelva el caso y de cómo se resuelva.

En cualquier momento posterior a la presentación de una petición de revisión en un caso distinto de los impugnados, la agencia puede retirar su orden para reconsiderarla. En ese contexto, la agencia puede ratificar, modificar o revocar su propia orden.

  • Cuando una agencia modifica o revoca su orden a favor del peticionario, el tribunal puede conceder costos procesales, pero no honorarios de abogado, al peticionario.
  • Si la agencia no modifica ni revoca su orden y el tribunal falla a favor del peticionario, el tribunal puede ordenar a la agencia que cumpla con la acción exigida por la ley, conceder remedios accesorios (ancillary relief), y dictar órdenes interlocutorias cuando sea necesario.

El término “remedios accesorios” puede incluir indemnizaciones monetarias derivadas de una acción u omisión errónea de la agencia. Sin embargo, el tribunal no puede conceder indemnización por reclamaciones de responsabilidad civil (tort claims) en el curso de la revisión de órdenes administrativas.

Honorarios y costos judiciales bajo la ley de Oregon

Conforme al ORS 183.487, el tribunal puede conceder honorarios de abogado y costos de acuerdo con el ORS 183.497 si falla “a favor” del peticionario.

El tribunal entiende que falla “a favor” del peticionario cuando una porción significativa de la orden impugnada se altera o invalida de una manera que beneficia al peticionario.

En resumen:

  • El simple hecho de que el peticionario prevalezca en algún aspecto puntual durante la revisión judicial no lo hace automáticamente acreedor a honorarios de abogado.
  • Para que el tribunal conceda honorarios, debe determinar que el estado actuó sin una base razonable en derecho o en hecho.

El tribunal no puede conceder honorarios ni costos a favor de una agencia ni de un tercero interviniente.